En la esquina de Caracas y Bogotá, donde antes los vecinos se saludaban al pasar o conversaban en la vereda, ahora circulan camiones, bolsas de residuos textiles y un silencio extraño, como si el barrio hubiese sido despojado de su alma. "Nos taparon de camiones, ratas y depósitos ilegales", resume Ariel Rota, vecino de Flores desde hace más de dos décadas. En los últimos años, el crecimiento del polo textil en la zona no solo transformó la dinámica barrial: también encendió las alarmas por la precarización laboral, la contaminación ambiental y la inacción de los organismos de control.
La expansión de talleres, depósitos y locales sin habilitación oficial fue acompañada por un deterioro del espacio público. Según relevamientos barriales, solo en el área comprendida entre Helguera, Terrero y Bogotá se registraron más de 150 locales irregulares, muchos de ellos funcionando detrás de persianas metálicas cerradas. Las calles, antes transitables y tranquilas, hoy muestran grietas profundas en el asfalto por el paso constante de camiones de carga. La tala no autorizada de árboles en veredas angostas dejó sectores enteros sin sombra ni contención, lo que no solo afecta el paisaje urbano, sino también la temperatura ambiental y el hábitat de aves.
Los contenedores de basura, diseñados para residuos domiciliarios, rebalsan diariamente con bolsas repletas de retazos textiles, plásticos industriales y cartones que deberían estar bajo un circuito de recolección especial. Todo esto sucede, además, en un sector que el Código Urbanístico de la Ciudad clasifica como "Mixtura de Usos II", donde solo se permiten comercios y viviendas. Sin embargo, en la práctica, nada de eso se respeta: los controles no alcanzan, las clausuras son ignoradas y el barrio se transforma día a día frente a la mirada impotente de los vecinos.
Los testimonios de vecinos y vecinas nucleados en la organización "Recuperando Flores Norte" dan cuenta de una situación que empeora año tras año. Las denuncias son múltiples: incumplimiento de clausuras, incendios generados por instalaciones eléctricas ilegales, redes de trata laboral con trabajadores migrantes hacinados, inseguridad creciente y pérdida del perfil residencial del barrio. "Vivimos entre camiones, incendios y abandono", dice Ariel, quien hace tiempo dejó de reconocer al barrio en el que eligió vivir.
Según datos de la ONG La Alameda, existen más de 3.000 talleres clandestinos en la Ciudad de Buenos Aires. Una porción significativa se concentra en Flores, donde la producción textil se mezcla con condiciones laborales irregulares, jornadas extenuantes, falta de higiene y riesgos permanentes. El trabajo esclavo es una problemática recurrente en este circuito, especialmente en locales que emplean a personas migrantes sin documentación, muchas veces sin salidas de emergencia ni servicios básicos.
Los marcos legales son claros: tanto la Ley de Contrato de Trabajo como la Ley 26.364 sobre trata de personas prohíben estas prácticas y contemplan sanciones. A nivel local, la Ley 265 creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), organismo encargado de fiscalizar y clausurar actividades en infracción. Pero, como denuncian los vecinos, las clausuras son parciales o directamente burladas. "Han clausurado locales que a los pocos días vuelven a abrir como si nada. ¿Quién controla a los que deberían controlar?", plantea Rota.
Uno de los casos más graves ocurrió en Bolivia al 600, donde un incendio generado en un depósito textil obligó a evacuar a una escuela lindera y a varios edificios de la zona. A pesar del operativo, no hubo sanciones estructurales. Las condiciones que generaron ese hecho siguen presentes en otros locales similares.
Desde la Comuna 7, la presidenta Iara Surt reconoce la preocupación vecinal. En diálogo con Periodismo de Investigación (PDI), explicó que muchas competencias escapan a su jurisdicción directa, y que necesitan herramientas más efectivas desde el Gobierno central. "Queremos transformar Flores sin perder su identidad", afirmó, y aseguró que se están realizando relevamientos para identificar los focos más críticos. Sin embargo, los vecinos denuncian que las reuniones con autoridades suelen ser "para la foto" y no se traducen en acciones concretas.
Los comerciantes tradicionales de la zona también se ven afectados. "Hace 20 años que tengo este local, pero desde que llegaron los talleres y depósitos perdí a la mitad de mis clientes", cuenta Mirta, dueña de una mercería sobre la calle Helguera. La transformación del perfil comercial desplazó a almacenes, librerías y negocios familiares, reemplazándolos por locales cerrados al público o dedicados exclusivamente a la venta mayorista textil.
El impacto no solo es urbanístico o comercial. También tiene un fuerte componente humano. En muchos casos, los trabajadores de estos talleres viven y trabajan en el mismo lugar, en condiciones de hacinamiento. La ONG, Recuperando Flores Norte, recopiló decenas de denuncias sobre explotación, contaminación, tala de árboles sin permiso y violaciones reiteradas al Código de Edificación. "No estamos hablando de algo invisible. Está a la vista de todos. Pero parece que nadie quiere verlo", señala una integrante de la organización.
La auditoría general de la Ciudad también detectó irregularidades. Patricia Cáseres, funcionaria del organismo, explicó que existe una desconexión entre las comunas, la AGC y otras áreas del Gobierno porteño. "Hay una falla en la articulación del control, que favorece la impunidad de quienes operan al margen de la ley", indicó. Además, planteó que sería necesario revisar la Ley 6099 del Código Urbanístico, que en la práctica no se está aplicando con rigurosidad.
Mientras tanto, en la calle, el barrio cambia. El tejido social se rompe. Muchos vecinos optan por mudarse. Otros resisten. Los carteles de "Se vende" conviven con cortinas metálicas cerradas, locales sin vidriera y contenedores repletos de retazos textiles. Los fines de semana, cuando los camiones no circulan, el barrio recupera algo de su calma original. Pero solo por unas horas.
A pesar de los obstáculos, los vecinos organizados exigen respuestas. Han presentado petitorios, informes, mapas de riesgo y realizaron intervenciones en la vía pública. Algunas instituciones como la ONG La Alameda y ARCA los han acompañado, aportando visibilidad y respaldo legal. Sin embargo, la sensación general es la de una lucha desigual frente a intereses económicos muy poderosos.
En paralelo, la Comuna 7 promete más diálogo y más control. Pero el tiempo pasa, y las transformaciones se profundizan. La identidad barrial, ese entramado de historias, rostros y rutinas compartidas, se diluye entre bolsas de tela y humo de talleres mal ventilados.
La investigación de campo realizada por el equipo de PDI deja una conclusión clara: las leyes existen, pero no se cumplen. Las herramientas están, pero no sé usan. Y mientras tanto, los que viven en el barrio, los que lo caminan todos los días, ven cómo les roban el derecho a habitar un entorno digno, seguro y humano.
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